Por un lado, diputados del PLD amenazan con declararse en rebeldía “si el gobierno mantiene trato inhumano a cancelados”. Y, entonces los legisladores del PRM “están daos al diablo” porque no les nombran a sus seguidores y los funcionarios “se hacen los locos.

Santo Domingo.- Esta semana ha sido caliente, muy caliente, en el Congreso Nacional.

Por un lado, el Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) “le entra con t’o al Gobierno” por lo de las cancelaciones. Por el otro lado, legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se quejan de que funcionarios del Gobierno “se hacen los locos” y ni las llamadas le toman. Es así que, el Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana advirtió que podrían declararse en rebeldía si los funcionarios del gobierno de Luis Abinader continúan con la práctica ilegal de no pagar en los plazos correspondientes las prestaciones laborares de los servidores públicos que han sido cancelados en sus puestos de trabajo. Indicaron que están dispuestos a asumir con gallardía, en base a la fuerza que representan como cuerpo legislativo, para defender el derecho de los miles de ciudadanos a los cueles se les humilla al no pagar lo que por ley le corresponde. En una conferencia de prensa en su bloque en la sede del Congreso Nacional, los diputados del principal partido de oposición al gobierno calificaron de inhumano la práctica de no pagar las prestaciones laborales a personas que han sido canceladas en el gobierno. Indicaron que esa acción atenta contra la estabilidad social, emocional y económica de las familias afectadas, además que viola el orden jurídico que en un amplio cuerpo juris compuesto por la Constitución, documentos jurídicos y tratados ratificados por el Estado dominicano, los cuales protegen los derechos de las liquidaciones laborales de los servidores públicos desvinculados. Recordaron que de esa manera, el gobierno arrebata el derecho a la alimentación de cientos de niños, ancianos, madres embazadas, jóvenes estudiantes y hombres de trabajo, al igual que imposibilitan la compra de medicamentos, pago de estudios, transportes y otros servicios básicos, como luz, agua, telefonía e internet, convirtiendo a estos ciudadanos en seres humanos maltratados, humillados y vejados por el gobierno.